La obesidad sigue estando en el punto de mira, y más cuando un gran porcentaje del gasto sanitario se dirige a tratar las enfermedades asociadas a este factor de riesgo. En España se habla de 5000 millones de euros, en otros países como Mexico el importe asciende a más del 1’2% del PIB, pero las medidas (dieta, ejercicio, hábitos, etc) siguen siendo de difícil implementación y con resultados muy desiguales.
Una de las medidas más polémicas, relacionada con la alimentación, es la de poner en marcha un impuesto a los alimentos con altos índices de grasas saturadas o de azucares (“fat tax” o “sugar tax”). Dinamarca decidió a finales de 2011 poner en marcha un impuesto de este tipo, concretamente en alimentos ricos en grasas (como la mantequilla, los quesos grasos, las patatas fritas o las hamburguesas), al más puro estilo del impuesto sobre el tabaco. El efecto suponía un incremento en el precio de 10 céntimos de euro en las bolsas de patatas fritas o de 34 céntimos en una hamburguesa.
El objetivo de la medida impositiva era muy claro: reducir el consumo de ciertos productos “peligrosos” y así mejorar los hábitos alimenticios de los daneses. Y algo parecido ocurrió en los primeros meses, ya que se alcanzó una disminución del consumo de un 20% en algunos alimentos. Pero también pasaron otras cosas: desplazamiento territorial de la compra de productos (ir a otros países a comprar, algo muy habitual en Dinamarca) y cambio en los hábitos de consumo a otros artículos similares pero no incluidos en la medida.
En noviembre de 2012 Dinamarca cambió de estrategia y aparcó el impuesto. Los motivos son múltiples, pero hay dos que merece la pena destacar: el poder de la industria y la poca potencia del impuesto como modificador de los hábitos de consumo. Lógicamente, y aunque se trataba de una medida para mejorar la salud de la población, fue una medida muy criticada por la población y los medios de comunicación. La potencia de la industria y los lobbies comerciales ejercieron una gran presión mediática, que como se pudo ver tuvo buenos resultados. Además el impuesto se cebó principalmente en pequeños productores y comerciantes, al verse afectados prácticamente todos sus productos
Hubo errores de concepto, y más con una medida tan negativa como un impuesto. Las grasas son una parte del problema y limitar su consumo mediante una subida de precio no parece una buena estrategia a priori, y más con la que está cayendo. Además, elaborar una dieta diaria sin grasas parece tarea imposible, salvo que haya un cambio cultural en los hábitos del ciudadano medio (¿cuantos alimentos tradicionales españoles subirían de precio si se aplicara dicho impuesto en nuestro país?). Finalmente, el porcentaje de subida era insuficiente para provocar un cambio radical, ya que los estudios existentes apuntan a un 20% como mínimo.
Hay mucho por hacer, y las medidas más importantes deben centrarse en: educación (debe ser siempre la primera medida y la más importante, aunque suene repetitiva), promoción de hábitos saludables (campañas, formación, información al ciudadano, etc), cambios en la legislación alimentaria, transformación social (vivimos en un entorno que ensalza los excesos o al menos los defiende)… O incluso promover impuestos finalistas: subir el precio de los alimentos grasos o con mucha azúcar y subvencionar el consumo de frutas y verduras con el importe recaudado (y así se suaviza el impacto mediático un poco). Sin embargo, incluso así la oposición sería muy dura ya que, tal y como ocurre en otros sectores, el poder de la industria es infinito.
Nota final: en 2010 ya publicamos una entrada sobre impuestos a bebidas azucaradas que puede aportar algunas ideas más sobre el tema.
Foto: “Men making donuts at the Sugar Crest Donuts Company in Portland, Oregon”. Pertenece a la colección “Visual Instruction Department Lantern Slides”. Origen: Flickr
Foto: “Men making donuts at the Sugar Crest Donuts Company in Portland, Oregon”. Pertenece a la colección “Visual Instruction Department Lantern Slides”. Origen: Flickr