Entre los artículos de enero de la revista JAMA Internal Medicine, hay tres que hablan de las asociaciones de pacientes y su relación con la industria farmacéutica. Hablan de la situación en Estados Unidos, con casos concretos que no son comparables con el caso español, pero hay una frase que nos ha llamado la atención y que no podemos dejar de lado: “no hay duda que la financiación de la industria puede distorsionar la voz del paciente“.
En el primer artículo, un grupo de investigadores de Cleveland expone los resultados de una encuesta a representantes de asociaciones de pacientes (allí llamadas “Patient advocacy organizations“) sobre dos aspectos: la financiación que reciben de la industria farmacéutica y su política de conflicto de intereses. El 67% de los participantes declararon que su organización recibe financiación de la industria, y un 11% de este grupo indica que al menos la mitad de sus fondos proceden de la industria. Solo un 7’7% señaló que había recibido presiones para apoyar a sus financiadores.
En España, el artículo 18.7 del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria obliga a publicar las aportaciones a organizaciones de pacientes con carácter anual. Por ello, la encuesta del artículo citado es fácil de reproducir con datos reales de aportaciones a estas organizaciones. De hecho, la transparencia ayuda a mejorar las relaciones entre la industria, las organizaciones y los profesionales.
El peligro viene con el segundo artículo. Se trata de un artículo muy breve en el que se analizan las aportaciones de 158 organizaciones al borrador de la guía del CDC sobre prescripción de opioides para dolor crónico. Pero no solo se revisan las aportaciones, también las relaciones entre cada organización y las empresas fabricantes de los medicamentos incluidos en la guía en cuestión.
Hay dos detalles muy llamativos. De las 158 organizaciones participantes, 45 habían recibido financiación de laboratorios de estos medicamentos, pero ninguna había incluido su conflicto de interés en las recomendaciones que remitieron a la guía. Por otra parte, cuando se trató de opinar sobre medidas relativas a la reducción de la prescripción (menor dosis o menor duración del tratamiento), el porcentaje de rechazo a estas medidas fue mayor entre las organizaciones que habían recibido financiación de los fabricantes.
Pese a estos datos, el 80% de las organizaciones apoyó la guía (incluyendo muchas con relación financiera con la industria en cuestión) pero es muy llamativo ese rechazo a algunas medidas concretas que van asociadas a un menor consumo de medicamentos.
Tal y como decíamos al principio, se trata de estudios realizados en Estados Unidos (podéis leer un resumen de ambos artículos en este editorial de la misma revista) y no es posible extrapolar sus resultados a nuestro entorno, pero es cierto que la relación en España entre la industria farmacéutica y las asociaciones de pacientes es cada vez mayor. La transparencia es una gran herramienta para reducir los problemas, pero publicar los posibles conflictos de intereses ante cualquier recomendación o campaña podrá ayudar a que el ciudadano no confunda un anuncio de hábitos saludables con una campaña promocional de marketing farmacéutico (ocurre pocas veces, pero a veces la línea de separación es muy fina).
Cuando jugamos con las cartas levantadas, todo va mejor. No debemos demonizar las relaciones con la industria farmacéutica, pero las reglas del juego hay que respetarlas siempre, y las trampas no tienen cabida. El problema es que cuando alguien cede, las nubes de la sospecha lo cubren todo, y uno ya no sabe en quien confiar.